Colombia y Ecuador han entrado en una serie de tensiones, especialmente en temas de seguridad, que se iniciaron con la imposición, a partir del 1 de febrero, de un arancel del 30 % a los productos colombianos —aumentado posteriormente a un 50 % a partir del 1 de marzo de 2026—, que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, describió como una «tarifa de seguridad». Siguiendo el principio de reciprocidad, Colombia, por su parte, decretó aranceles del 30 % a 23 líneas de productos provenientes de Ecuador—entre ellos, frijoles, plátanos, cacao en polvo, etc.—, y aumentó con posterioridad también el nivel de aranceles al 50 % a más de 185 productos ecuatorianos.

La escalada de tensiones aumentó con un incidente en la frontera entre ambos países, que llevó a una escalada verbal entre los dos presidentes, cuando una bomba lanzada en Ecuador contra un campo de narcotraficantes rebotó en territorio colombiano sin explotar. Esta disputa entre ambos países pudo ser desactivada por las investigaciones de los equipos militares de ambos países, lo que ayudó a reconducir la relación bilateral a diferentes intentos de diálogo.

Ecuador pide a su país vecino que afronten juntos y con seriedad el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, especialmente ante la expansión de la violencia en territorio ecuatoriano, que en el año 2025 terminó con unas cifras récord de 8847 homicidios. Al mismo tiempo, hay que recordar que Ecuador tiene un déficit comercial de 1000 millones de dólares anuales y depende de la energía eléctrica que importa del país vecino.

En 2025, el coste de esta importación fue de 67 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior a la del año anterior, cuando, en medio de una grave crisis eléctrica en Ecuador con continuos apagones a causa de una sequía, la importación de electricidad desde Colombia llegó a costar 230,5 millones de dólares. Es esta misma situación de asimetría la que siempre de nuevo resucita y trae consigo frustraciones de las partes.

Colombia y Ecuador han mantenido una calma diplomática relativa desde la década pasada, tras años de confrontación entre Álvaro Uribe y Rafael Correa por el ataque ordenado por el presidente colombiano en suelo ecuatoriano contra Raúl Reyes, líder de las extintas FARC, en 2008, que llevó al rompimiento de las relaciones. La situación fronteriza siempre ha estado marcada por la preocupación de Ecuador ante la posible propagación del conflicto armado colombiano a su territorio, mientras que Colombia ha alertado de la pasividad de Ecuador, por ejemplo, cuando en 2005 las FARC atacaron la base militar de Teteyé, en el departamento de Putumayo, y las autoridades colombianas argumentaron que las FARC habían utilizado el territorio ecuatoriano para llevar a cabo el ataque.

Existe una larga historia de "traspasos involuntarios" de la frontera por parte de las fuerzas armadas colombianas, que perseguían a integrantes de la guerrilla y trataban de desarticular sus bases económicas y logísticas más allá de las fronteras nacionales.

Con el fin de mejorar las relaciones entre ambos países, los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa acordaron en 2012 celebrar una reunión anual de gabinetes en diciembre. Sin embargo, esta medida para generar confianza fracasó y el último gabinete binacional se celebró en Tulcán en 2023. Sería conveniente que se retomara esta rutina para evitar enfrentamientos.

Durante años, la base estadounidense de Manta (Ecuador), desde donde se llevaron a cabo operaciones antidroga regionales, fue un tema de debate en este país, hasta que el presidente Rafael Correa logró su cierre en 2009 mediante la cancelación del acuerdo que permitía su funcionamiento. Hoy en día, el presidente Daniel Noboa intentaba, mediante un referéndum, permitir de nuevo el estacionamiento de tropas estadounidenses en el territorio nacional; sin embargo, esta iniciativa fracasó en las votaciones.

No obstante, el "factor Estados Unidos" ha vuelto a la política ecuatoriana, no solo por la alineación de Noboa con la Administración Trump, sino también por la activa participación de Ecuador en la recién creada alianza «Escudo de las Américas», con la que Washington pretende impulsar la acción conjunta de la región en la lucha contra el crimen organizado. La acción unilateral de Noboa de imponer aranceles al país vecino por una supuesta ausencia de compromiso colombiano en materia de seguridad refleja el estilo de gobierno de la Administración Trump y ha generado mucha tensión en la relación bilateral.

Ecuador plantea que el aumento del narcotráfico y de las muertes violentas vinculadas al sicariato se debe a que Colombia no está haciendo lo suficiente en la frontera. Dado que Ecuador no cuenta con la capacidad militar necesaria para perseguir a las estructuras criminales, muchos observadores coinciden en que se está produciendo un desplazamiento del crimen hacia el sur. Esta situación pide la acción coordinada de los órganos de seguridad y no se podrá solventar con la imposición de aranceles.

Es necesario reparar la relación vecinal en el ámbito económico, por lo que es positivo que los viceministros de Política Exterior de los dos ministerios de Asuntos Exteriores hayan logrado reunirse, al menos de manera virtual, el 25 de marzo para abordar su relación bilateral en materia de comercio, transporte, energía e hidrocarburos, seguridad, control fronterizo, comercio, y cooperación judicial. El encuentro ha sido mediado por el secretario general de la Comunidad Andina.

La larga lista de temas pendientes indica la necesidad de avanzar pronto y de manera firme en la negociación entre las partes para remediar las tensiones creadas mediante un trabajo diplomático serio y continuo. Superar las lógicas de retaliación y encontrar vías conjuntas para la solución de problemas comunes es uno de los retos centrales, especialmente para Colombia, que necesita este tipo de esfuerzo diplomático para buscar una agenda positiva también con su otro complicado vecino, Venezuela.

(el)