El gobernador Omar Gutiérrez presentó siete proyectos de ley en la primera sesión especial del XLVIII periodo legislativo que se realizó el pasado 21 de marzo, ocasión en la que el mandatario provincial brindó su informe de gestión en la Legislatura.

El proyecto busca adherir a tres artículos del presupuesto general de la Administración Nacional para este año –aprobado mediante ley nacional N°27.467–, que refieren al Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

Se trata de los artículos 67°, 68° y 69° de la ley que aprobó el Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el ejercicio financiero 2019, a través de los cuales se modifican y complementan las reglas del gasto establecidas en el Régimen de Responsabilidad Fiscal y buenas Prácticas de Gobierno (Ley N°25.917).

El articulado recuerda que la provincia adhirió a dicho régimen mediante las leyes N°2514 y N°3113, y que cada titular de jurisdicción será responsable de hacer cumplir, en el ámbito de sus dependencias, las pautas establecidas por la región en cuestión. La propuesta invita a los municipios a adherir.

Los fundamentos explican que el Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno fija reglas generales de comportamiento fiscal claro para los gobiernos provinciales, la ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional, “dotando de mayor transparencia a la gestión pública”. El Presupuesto General nacional vigente para este año introdujo modificaciones a dicho régimen, a las que el gobierno provincial busca adherir.

Las modificaciones propuestas apuntan a que si durante el año 2018 la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de las jurisdicciones adheridas fuere menor que la tasa de aumento promedio del Índice de precios al Consumidor (IPC) nacional, la diferencia podrá ser considerada en la medición de la regla de gasto prevista en el artículo 10° de la ley Nacional 25.917, permitiendo incrementar el límite de gasto público corriente primario neto del año siguiente –artículo 67°–. La modificación implica, además, que se podrá deducir para el ejercicio 2019 los mayores egresos en que incurran las provincias, como consecuencia de la transferencia de responsabilidades de gastos por parte del gobierno nacional a las otras jurisdicciones. Luego, en sentido contrario, los montos involucrados en las transferencias de responsabilidades deberán ser incrementadas respecto del Gobierno Nacional.

En tanto, la reforma del artículo 68° implica la sustitución del último párrafo del artículo 10° de la ley que creó el régimen y propone una nueva redacción, mientras que la modificación del artículo 69° apunta a reforzar la obligación de cada poder integrante del sector público nacional y de las jurisdicciones adheridas al régimen para observar el cumplimiento del mismo.

El proyecto de ley ingresó por mesa de entradas con el N°12.443. 

Programa de Asistencia Financiera para el prestador turístico

La propuesta consiste en crear un programa de Asistencia Financiera para el prestador turístico, en el marco de lo establecido en el artículo 2° de la Ley N°2247, de creación del Instituto Autárquico del Desarrollo Productivo (IADEP).

Según se desprende del articulado de la propuesta, el IADEP deberá destinar al programa en cuestión fondos anuales durante cuatro años, plazo que se computará a partir de la entrada en vigencia de la ley. Además, se creará un fondo específico de carácter permanente para será utilizado exclusivamente para el financiamiento del programa. Dicho fondo se integrará con los recursos provenientes del recupero de los créditos otorgados a partir de la aplicación del plan.

Los fundamentos mencionan que la actividad turística constituye una “pieza clave” en la economía de la provincia al tiempo que contribuye a la diversificación de la matriz productiva. En ese escenario, la creación del programa de Asistencia Financiera para el prestador turístico apunta a la articulación entre el sector privado y el público para la jerarquización de los soportes de infraestructura, servicios y actividades vinculadas al turismo. Se trata de un financiamiento a tasa flexible que brindará el IADEP a hoteleros, guías de montaña, de pesca, trekking, cabalgatas, agencias de viaje, etcétera; con el objetivo de “afianzar la excelencia en las prestaciones de servicios y actividades turísticas ofrecidas” en la provincia.

El proyecto de ley ingresó por mesa de entradas con N° 12.444.

Adhesión a ley nacional para implementar corredores viales adecuados en la provincia

Otra de las iniciativas de adhesión a normas nacionales es la adhesión a la ley 27.445. Se trata de una adhesión “parcial” a la ley nacional en tanto se busca adherir a los artículos 20°, 21° y 22° de la ley denominada de Simplificación y Desburocratización para el desarrollo de la Infraestructura. La medida faculta al poder ejecutivo provincial a implementar corredores viales que se ajusten a las disposiciones del marco normativo nacional.

El articulado expresa, además, que la adhesión se efectúa con expresa reserva de jurisdicción, legislación, ejecución y  control de competencias que le corresponden a la provincia. Funcionará como Autoridad de Aplicación la Dirección Provincial de Vialidad, la que tendrá entre sus funciones definir los corredores viales que se necesiten para la circulación de las unidades tractoras con dos semirremolques biarticulados.

Los fundamentos explican que los artículos a los que se busca adherir, constituyen una reforma de la Ley Nacional de Tránsito –N° 24.449–, a partir de la cual se amplían las medidas y el peso total de las unidades habilitadas para circular por rutas.

Cabe mencionar que la provincia del Neuquén adhirió oportunamente tanto a la ley nacional en cuestión como a su correspondiente decreto reglamentario, a través de la ley N°2178 y corresponde así readecuar el marco jurídico “a la evolución de los avances tecnológicos y productivos, ajustándose a la oferta del transporte de carga en el tiempo”.

El proyecto de ley ingresó por mesa de entradas con el N°12.442.

Promoción integral de la juventud

El proyecto de promoción integral de la juventud –Nº 12.440-, presentado por el gobernador Omar Gutiérrez el pasado 21 de marzo, tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos de las personas jóvenes de la provincia. La iniciativa apunta a contribuir a la plena inclusión, integración y participación de las personas de entre 18 y 35 años de edad, desde un enfoque de género y perspectiva en derechos humanos. Para ello, propone la creación del Consejo Provincial de Juventudes (CoProJuv.).

El CoProJuv se encargará de definir criterios y lineamientos generales de las políticas públicas de promoción de los derechos juveniles. Estará integrado por la Subsecretaría de juventud o el organismo que lo reemplace; dos representantes por cada área de juventud, designada por la intendencia o comisión de fomento de cada localidad; y dos representantes jóvenes de las organizaciones de la sociedad civil o referentes de la comunidad para la juventud. El Consejo funcionará en asambleas ordinarias y extraordinarias, reuniones zonales y de comité ejecutivo, y comisiones de trabajo. Deberá sesionar en asamblea ordinaria cuatro veces al año.

Por otro lado, el proyecto plantea que el Estado deberá tomar medidas activas en el  acceso a estudios superiores, formación y capacitación; el acceso al trabajo; y el acceso a la vivienda y a la tierra de las personas jóvenes.

En materia de capacitación, determina que se pondrán en marcha programas que permitan generar igualdad de oportunidades en la juventud, al brindarles un instrumento que permita achicar la brecha digital, construyendo una política de inclusión digital. Asimismo, establece que se fomentará la apertura de cursos de capacitación, carreras terciarias y universitarias vinculadas al desarrollo económico y a la matriz productiva de cada zona de la provincia.

En cuanto al acceso al trabajo, se contempla la implementación de acciones o programas de inserción laboral de jóvenes; la asistencia directa para emprendimientos juveniles; y la puesta en marcha de una red de empleo joven.

Para facilitar el acceso a la vivienda y la tierra, propone destinar un cupo mínimo de viviendas en los planes que desarrolle el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) para las personas jóvenes, como así también la concreción de acuerdos con entidades bancarias para fomentar líneas de créditos hipotecarios de primera vivienda.

En la exposición de motivos, el gobernador resalta que se trata de “un amplio marco de reconocimiento de derechos con su correlativo compromiso y adoptando mecanismos concretos que se orientan al fortalecimiento de la participación, la ciudadanía y el desarrollo integral de las personas jóvenes”. También menciona que la iniciativa se elaboró con la participación de las juventudes de la provincia.

Adhesión a la “ley Micaela” de capacitación obligatoria en género para agentes estatales

El proyecto de adhesión a la ley nacional Nº27.499, conocida como “ley Micaela”, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías del Estado.

La autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo en la reglamentación, corroborará el contenido de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, que deberán ser presentadas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley.

En la exposición de motivos, Gutiérrez recuerda que el nombre de la ley nacional se enmarca en el femicidio de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años que fue violada y asesinada por su condición de género en la localidad de Gualeguay. Explica que la adhesión busca formar a agentes públicos como una medida que responde a erradicar estereotipos que reproducen la discriminación, prácticas, ideas y culturas institucionales que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Agrega que las capacitaciones se darán en forma continua y permanente, con lo cual también accederán las personas que se vayan incorporando al Estado para ejercer funciones laborales.

El gobernador plantea que “con agentes estatales formados en género, se podrá finalmente, asumir la responsabilidad y la iniciativa de incorporar el enfoque de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas para construir una sociedad más justa, libre y solidaria”.

El proyecto fue presentado bajo el número 12.441. 

Modificación del Código Electoral para la cobertura de cargos vacantes

El proyecto de modificación del Código Electoral –Nº12.439- plantea que en caso de producirse una vacante en un cargo parlamentario, sea reemplazada respetando el género de la persona que cesó en el mandato. La propuesta implica la reforma del artículo 120 de la ley Nº3053 que establece las bases del sistema electoral provincial.

En la exposición de motivos, Gutiérrez explica que el objetivo del proyecto es el cumplimiento permanente de la paridad de género en los cargos parlamentarios y señala que el artículo 12 de la ley electoral establece que “el sistema electoral provincial debe asegurar una participación equitativa de género en la conformación de los órganos colegiados electivos del Estado”.

En otro tramo, subraya que el artículo 37 de la Constitución Nacional garantiza la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, y manda garantizarlas por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

Modificación de la Ley de Ministerios

El proyecto de modificación de la Ley de Ministerios plantea la creación de los ministerios de las Culturas; de Deportes y de Niñez, Adolescencia y Juventud.

Con esa reforma, el gabinete que asiste al Poder Ejecutivo en la gestión de gobierno quedará integrado por el vicegobernador de la provincia y los ministerios de Jefatura de Gabinete; Gobierno; Educación; Economía e Infraestructura; Ciudadanía; Producción e Industria; Turismo; Salud; Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad; Energía y Recursos Naturales; Culturas; Niñez, Adolescencia y Juventud; y Deportes.

La iniciativa establece que la persona que esté al frente del ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud será asistida por una Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, y una Subsecretaría de Juventud. La cartera ministerial deberá definir políticas de infancia y adolescencia que promuevan la participación y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; articular con otros organismos la inclusión de esos sectores en la toma de decisiones en temas de interés institucional y comunitario; y promover espacios con propuestas lúdicas, recreativas y culturales; entre otras funciones.

En cuanto al Ministerio de las Culturas, indica que quien tenga la titularidad de la cartera será asistido por una Coordinación de Políticas Culturales y una Coordinación de Logística y Administración. El organismo entenderá en el diseño de políticas culturales que promuevan la identidad provincial y nacional; en el desarrollo de políticas activas para la recuperación del patrimonio neuquino; promover la producción intelectual, científica, literaria, musical, teatral y plástica; y fomentar la creación de espacios no formales de preparación artística; entre otras competencias.

Por otro lado, la persona que ejerza el Ministerio de Deportes será asistida por una Subsecretaría de Deportes. El organismo se encargará de promover la actividad deportiva; coordinar procesos de desarrollo de las actividades físicas con los organismos gubernamentales y no gubernamentales; intervenir en la planificación de la infraestructura deportiva provincial y favorecer el acompañamiento y apoyo de nuevos talentos, como deportistas de mediano y alto rendimiento.

En la exposición de motivos, el gobernador señala que el proyecto tiene como objetivo “el fortalecimiento del Estado, de acuerdo a los requerimientos que ha manifestado la ciudadanía, para lograr una Administración Pública más eficaz y fortalecer los mecanismos institucionales para dar satisfacción a las demandas ciudadanas en el ejercicio de las funciones políticas y públicas”. Agrega que “resulta imperioso efectuar un reordenamiento estratégico de los órganos de Gobierno de la Administración Pública instaurado mediante la ley N°3102, que permita concretar las metas políticas diagramadas, así como racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública”.

La iniciativa ingresó por mesa de entradas con el número 12.445.