Participaron de la reunión los diputados Edgardo Della Gáspera, Eduardo Fuentes, Santiago Nogueira, Raúl Godoy, Oscar Smoljan, Gabriel Romero, Roberto Cacault y las diputadas Encarnación Lozano y Pamela Mucci.

La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura recibió esta mañana en la reunión semanal a la diputada electa y ex concejal, Patricia Jure, junto a su abogada Gisela Moreira en el marco del proyecto de declaración iniciado por los diputados Angélica Lagunas y Raúl Godoy. El mismo expresa repudio a la criminalización de los trabajadores y trabajadoras de Sitramune y la ex concejala por parte del intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga, y el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Monzani; “por constituir un intento de regimentar y restringir la actuación de las bancadas opositoras, un ataque a las libertades democráticas y al derecho de protesta”. El proyecto, a su vez, repudia la represión sufrida por los trabajadores municipales en las distintas ocasiones en que se movilizaron al Concejo contra la reforma jubilatoria.

La diputada electa, Patricia Jure, consideró que esto se trata de un “nuevo capítulo de criminalización de la protesta por parte del intendente Quiroga”, y recordó como precedente el juicio al secretario general de Sitramune, Santiago Baudino.

Afirmó que el debate por la reforma jubilatoria municipal duró varios meses en los cuales hubo varios proyectos en consideración y que el día previo a la votación del 27 de septiembre pasado se montó un operativo policial y el presidente del Concejo envió una circular restringiendo el ingreso de concejales y trabajadores. Tras relatar los hechos, consideró “una estupidez que un intendente me esté haciendo una demanda penal por saltar una valla. Tener que saltar una valla para que una concejala ocupe su lugar en el Concejo Deliberante es un bochorno para el presidente del Concejo”.

“Es una locura que te estén haciendo un juicio cuestionando tu personalidad”, manifestó de igual manera respecto a los fundamentos de la causa. Reiteró que representantes de distintas bancas pidieron suspender la sesión y explicó que finalmente, cuando el presidente la levanta “fue porque los gases estaban entrando al recinto”. Jure recordó que la denuncia se hizo el 9 de octubre de ese año, un día antes de que el proyecto vuelva a ser tratado en el recinto del Concejo Deliberante, frente al cual se produjeron nuevos incidentes.

Finalmente, dijo que el fin que persigue esta causa es aleccionar a los trabajadores y “bolzonarizar la campaña para decir que son la mano dura”. También adelantó que la próxima semana se realizará una Audiencia Pública en el Congreso Nacional por este tema.

Al inicio del debate, la abogada Gisela Moreira hizo un informe sobre el estado de la denuncia penal donde se invoca el artículo 241 del Código Penal que establece una pena de quince días a seis meses de prisión para “quien perturbe el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos”. Moreira explicó que la causa se encuentra en período de investigación, “como defensa manifestamos que había una falta de objetividad en la fiscalía para poder llevar a cabo esta formulación de cargos” porque se basó explícitamente en la denuncia hecha por el intendente en forma escrita, “donde hacía una manifestación más de tipo política que legal”. “Las declaraciones que existen en el legajo son de los concejales del PRO y en eso se basó la fiscalía para la formulación de cargos”, agregó y dijo que “se está persiguiendo un delito que no es delito” y la Fiscalía “está utilizando recursos del Estado para un sector político, desvirtuando la división de poderes”.

La diputada Angélica Lagunas (FIT) participó de la reunión como una de las impulsoras del proyecto junto a Raúl Godoy (PTS-FIT), y explicó al inicio la cronología de los hechos. El diputado Raúl Godoy consideró importante que se emita una declaración al respecto y pidió mantener el proyecto en comisión. También propuso un artículo más en repudio al armado judicial, “porque no se puede usar el Código Penal para dirimir cuestiones políticas”.

El presidente de la Comisión, Gabriel Romero (Cumplir) adelantó su acompañamiento y argumentó por tres razones: en rechazo a la represión, porque se votó algo “dañino al interés de los trabajadores” y por el hecho de “hacer esta denuncia penal que, a mi juicio, es ridícula”. “Para hacer una denuncia penal contra alguien electo por el pueblo los argumentos deben ser más serios, no ésta estupidez política y jurídica que han armado Quiroga y Monzani”, manifestó. También acompañaron la propuesta los diputados Eduardo Fuentes y Santiago Nogueira.

Por su parte, Roberto Cacault del MPN explicó que asistió a la comisión en remplazo de la diputada Viviana Tortorelli, y por ese motivo no se consideró en condiciones de acompañar la declaración por no conocer los detalles del expediente.

Por otra parte, durante la reunión se aprobó por mayoría el proyecto de resolución N°12.713 presentado por el diputado Gabriel Romero (Cumplir) -presidente de la Comisión-, por el cual se solicita colocar en el acceso a la sede de la Asociación Mutual Universitaria del Comahue (AMUC) por cuenta y orden de la Legislatura una placa que lo señale como “Lugar de la Verdad, Memoria y Justicia; por haberse realizado allí los juicios contra los represores de la última dictadura en la región. Pasa a Comisión B.

Al inicio de la sesión de leyó una nota remitida por el Comité Nacional para la prevención de la Tortura, solicitando audiencia a la Comisión, en el marco del proyecto N°11.285 por el cual se crea el Comité Provincial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.