La comisión de Desarrollo Humano y Social (C) emitió despacho ayer al proyecto que crea el programa de acompañamiento al Empleo Joven en toda la provincia con el fin de regularizar el empleo joven no registrado y reducir los índices de desocupación de dicha población. Así lo votó por mayoría el cuerpo que preside el diputado Javier Rivero (MPN), tras alcanzar un texto que recuperó consideraciones de otros bloques políticos, del Poder Ejecutivo, de sindicatos, de la Cámara empresarial y de agrupaciones juveniles, según expresó el titular de la comisión.

En efecto, durante su intervención en la reunión de esta mañana, Rivero recordó que la redacción final de la propuesta surgió del análisis del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, el bloque Avanzar, “el impulso del vicegobernador Marcos Koopmann y las sugerencias de distintos bloques y actores”. 

Al referirse a las últimas modificaciones de la iniciativa trabajada en distintas reuniones de comisión, la diputada Ludmila Gaitán (MPN) remarcó la incorporación del emprendurismo al alcance de la norma una vez sancionada y la facultad de fiscalizar y controlar por parte de la Subsecretaría de Trabajo.

A su turno, desde el Frente de Todos la diputada Soledad Salaburu enumeró las sugerencias que el espacio pidió añadir al proyecto, entre las que mencionó un porcentaje adicional al beneficio que contempla la ley para las contrataciones de jóvenes con programas sociales, a fin de “efectivizar el cambio del programa a empleo registrado”, dijo la legisladora.

Por su parte, Andrés Blanco (PTS-FIT) argumentó su voto negativo a la propuesta, a la que calificó de “papel mojado”, en tanto no revertirá los elevados índices de desocupación, pobreza e indigencia que tiene la provincia. En ese sentido, pidió avanzar en políticas “de real acceso” a la educación y a la salud para la juventud. La ley “sólo genera beneficios para los empresarios”, sintetizó el diputado.

La medida contempla el otorgamiento de un crédito fiscal para las empresas por un valor igual al 50% de las contribuciones devengadas y abonadas por cada persona joven contratada. Además, se contemplan adicionales del 10% o 15% cuando la persona contratada sea una mujer, persona trans o persona no-binaria,  constituya su primer empleo formal o sea titular de programas sociales. Igual criterio se aplicará para empresas radicadas en localidades con hasta cinco mil habitantes.

Asimismo, determina los sujetos beneficiarios y las condiciones para constituirse como tales, entre las que figuran tener entre 18 y 35 años, no poseer un empleo formal registrado, contar con un año mínimo de radicación en la provincia y estar en el registro creado por la propia ley.

El despacho, aprobado por mayoría con el único voto negativo del PTS-FIT, continuará su tratamiento en las comisiones de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales (I), de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B).

En otro orden, la comisión convocará para un próximo encuentro a la Subsecretaría de las Mujeres para que explique el proyecto que busca incrementar la cantidad de miembros de la “Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas” –ley 2717-. El cuerpo hará lo propio al consultar también a médicos pediatras con especialidad en desarrollo y a directivos de la carrera de Psicopedagogía de la Unco y la Uflo. La invitación será en el marco del proyecto que solicita la incorporación de dichos profesionales en hospitales y centros de salud.

Al inicio de la reunión, los diputados y las diputadas recibieron un petitorio de afiliadas al ISSN que solicita el tratamiento del proyecto que pide cobertura total, por parte de la obra social provincial, en prestaciones de salud física y mental para niños, adolescentes y adultos afiliados.

Estuvieron presentes Javier Rivero, Soledad Salaburu, Elizabeth Campos, Germán Chapino, Carina Riccomini, Laura Bonotti, Luis Aquín, Andrés Blanco, Lucas Castelli y Ludmila Gaitán.