Espaldarazo del Legislativo salvadoreño a una nueva medida dentro de la política de mano dura del presidente Nayib Bukele.

Con 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Asamblea unicameral del país–de mayoría oficialista–aprobó la prisión perpetua dentro del régimen penal juvenil. Es decir, podrá ser aplicada incluso a menores de edad en caso de ser hallados culpables de delitos de homicidio, violación y terrorismo.

Se trata de una medida que hasta ahora no estaba contemplada en el sistema penal juvenil del país centroamericano. Se “incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal”, subraya el texto aprobado.

No obstante, la normativa contempla revisiones periódicas de la pena para evaluar el nivel de rehabilitación y el riesgo del condenado, lo que podría permitir la concesión de un régimen de libertad controlada.

Según el decreto, en el caso de menores la revisión podría realizarse tras el cumplimiento de 25 años de prisión, mientras que para adultos se evaluará entre los 30 y 40 años.

La aprobación de estas medidas se produjo tras la ratificación de una reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Bukele que permite la cadena perpetua para delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones criminales.

“Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”

El cambio constitucional establece que la pena perpetua solo se impondrá a “homicidas, violadores y terroristas”, y entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la reforma y aseguró que busca garantizar la seguridad ciudadana.

“Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”, remarcó.

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Además de la cadena perpetua para menores, el Congreso aprobó modificaciones al Código Penal y otras leyes relacionadas con el combate a la criminalidad.

Entre los cambios, se estableció que los juzgados de lo Criminal tendrán competencia exclusiva para procesar tanto a adultos como a menores que cometan delitos sancionados con prisión perpetua.

Estos tribunales también serán responsables de la revisión obligatoria de las condenas y de determinar si corresponde otorgar libertad controlada en función del grado de rehabilitación del condenado.

Hasta ahora, la legislación salvadoreña contemplaba una condena máxima de 60 años, con la posibilidad de reducción de sentencia por buena conducta o trabajo comunitario.

La medida fue respaldada principalmente por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados. El legislador Raúl Chamagua defendió la reforma como una respuesta proporcional a delitos graves.

“Es para que el ciudadano entienda que ante un delito extremo existen también penas extremas”, sostuvo.

“Si en nuestro país no existiera el riesgo de que personas inocentes sin vínculos con pandillas sean capturadas, podríamos decir que sí, sin dudarlo”

Sin embargo, la oposición, minoritaria, expresó preocupación por el impacto de la reforma. El diputado Francisco Lira, del partido Arena, señaló que miles de salvadoreños sin vínculos con pandillas siguen esperando juicios justos.

Cesia Rivas, del partido Vamos —el único que votó en contra—, advirtió sobre posibles abusos.

“Si en nuestro país no existiera el riesgo de que personas inocentes sin vínculos con pandillas sean capturadas, podríamos decir que sí, sin dudarlo”, señaló.

Organizaciones de derechos humanos también cuestionan la reforma. Human Rights Watch consideró que la prisión perpetua para menores contradice los estándares internacionales.

La directora para las Américas de la organización, Juanita Goebertus, señaló que permitir revisiones después de 25 años no garantiza oportunidades reales de reinserción.

También advirtió que la reforma forma parte de una serie de cambios que, según la ONG, representan retrocesos en el sistema penal juvenil.

La aprobación de estas reformas coincide con el cuarto aniversario del estado de excepción decretado por el Gobierno de Bukele en marzo de 2022, como parte de su estrategia contra las pandillas.

Ese régimen permite detenciones sin orden judicial y ha sido prorrogado de forma consecutiva. El jueves 26 de marzo, el Legislativo aprobó una nueva extensión por 30 días.

Según cifras oficiales, desde la implementación del estado de excepción 91.650 personas han sido detenidas, acusadas de pertenecer a pandillas, de las cuales unas 8.000 han sido liberadas tras comprobarse su inocencia.

Organizaciones de derechos humanos sostienen, sin embargo, que aún hay miles de detenidos sin pruebas suficientes.

La reforma se enmarca en la estrategia del Gobierno salvadoreño para reducir la violencia y consolidar el control estatal en territorios históricamente dominados por pandillas y cuyos crímenes azotaron por años a la población.

Mientras el Ejecutivo defiende la política de mano dura como clave para la reducción de homicidios, los críticos advierten que el endurecimiento penal, especialmente contra menores, podría tener implicaciones para el sistema judicial y los derechos humanos en el país.

Con Reuters, AP y EFE