Lima, 27 mar (EFE).- El Fiscal de la Nación (fiscal general) de Perú, Tomás Gálvez, asumió este viernes el cargo de manera definitiva tras cerca de medio año interino, y anticipó su intención de restaurar la legitimidad del Ministerio Público y la confianza de la ciudadanía en esta institución, tras admitir que lo insultan en la calle.

En una ceremonia donde juramentó el cargo para el período 2026-2029, a la que asistieron autoridades de los tres poderes del Estado, Gálvez, quien ha protagonizado varias polémicas decisiones y mantenido enfrentamientos públicos con otros fiscales, dijo que "antes, el fiscal era una persona respetable", pero que ahora "salgo a la calle y me insultan, ¿qué hice para merecer esto".

En su discurso, afirmó que esa reacción significa que "no se está reconociendo el trabajo del Ministerio Público, se está desconfiando" y, por ese motivo, se propuso restaurar la confianza de la ciudadanía.

Desde que asumió el cargo de manera interina, su gestión ha estado marcada por polémicas decisiones como la destitución del fiscal que lo investigaba por el caso de corrupción judicial llamado 'Cuellos blancos' y la desactivación de los equipos especiales anticorrupción de la Fiscalía, entre ellos el que investigaba los casos Odebrecht y Lava Jato en el país.

También, desactivó el equipo especial de la Fiscalía dedicado a investigar las más de 50 muertes registradas durante la represión a la ola de protestas acontecida entre finales de 2022 e inicios de 2023, por el encarcelamiento del entonces presidente Pedro Castillo y la ascensión al poder de su vicepresidenta, Dina Boluarte, que gobernó hasta que fue destituida en 2025.

Durante el acto, Gálvez criticó que algunos fiscales se dedicaron en los últimos años a "perseguir" a ciertas personas de partidos políticos y señaló que "eso tiene que terminar" porque "nos confronta".

En ese sentido, anotó que el caso Odebrecht se investigó por ocho años en Perú, pero que no se pudo investigar patrimonialmente a los involucrados y que eso impidió que se pueda incautar millones de soles acumulados por los investigados.

Precisamente, este caso derivó en la condena por lavado de activos contra los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006), pero el proceso contra la lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue anulado por el Tribunal Constitucional por presuntos errores en la acusación fiscal.

Gálvez asumió la conducción del Ministerio Público en septiembre de 2025 en reemplazo de Delia Espinoza, quien fue suspendida del cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la judicatura peruana.

Gálvez fue restituido en junio de 2025 como fiscal supremo por orden del Tribunal Constitucional (TC), luego de que fuera destituido en 2021 por sus presuntos vínculos con una red de corrupción al interior de la Judicatura conocida como 'Los cuellos blancos del puerto'.

(c) Agencia EFE