Un bombardeo militar en la Amazonía de Ecuador, realizado en una operación conjunta con Estados Unidos, está bajo escrutinio tras nuevas evidencias presentadas por un agricultor que asegura que su finca fue destruida pese a no tener vínculos con el narcotráfico. Según el Ministerio de Defensa de Ecuador, el objetivo era un escondite criminal validado con inteligencia estadounidense.

Pero desde el terreno, la historia se complica. En una videollamada con periodistas de USA TODAY, el propietario —identificado como Miguel— mostró ganado, equipos agrícolas y restos de producción láctea en su finca en San Martín, cerca de la frontera con Colombia. La contradicción abre preguntas sobre el uso de inteligencia militar y el impacto en civiles.

El Ministerio de Defensa de Ecuador afirmó el 25 de marzo que la operación, denominada “Exterminio Total”, se basó en información de inteligencia validada con Estados Unidos. Según autoridades, el sitio no tenía actividad agrícola ni ganado, y era un centro de entrenamiento para un grupo narcotraficante colombiano con capacidad para decenas de personas.

De acuerdo con el gobierno, en la zona se recuperó un rifle semiautomático con municiones. También sostuvo que las fuerzas armadas realizaron inspecciones para evitar daños colaterales. Sin embargo, no se detalló públicamente cómo se verificó esa inteligencia en el terreno ni por qué no se detectó la supuesta actividad agrícola.

Farmer Vicente Garrido checks the damage caused by a bomb dropped by the Ecuadorian army in the Lago Agrio region, Sucumbios province, on the border between Colombia and Ecuador, on March 18, 2025. A joint American and Ecuadoran military operation bombed farms and homes in an Amazon village in Ecuador, according to residents and their lawyers. Ecuadoran officials said the operation, conducted with U.S. intelligence, destroyed a hideout for a Colombian drug trafficking group.

Farmer Gilson Vargas checks damages after a bomb dropped by the Ecuadorian army in the Lago Agrio region, Sucumbios province, on the border between Colombia and Ecuador, on March 18, 2025.

Farmer Vicente Garrido checks the damage caused by a bomb dropped by the Ecuadorian army in the Lago Agrio region, Sucumbios province, on the border between Colombia and Ecuador, on March 18, 2025. A joint American and Ecuadoran military operation bombed farms and homes in an Amazon village in Ecuador, according to residents and their lawyers. Ecuadoran officials said the operation, conducted with U.S. intelligence, destroyed a hideout for a Colombian drug trafficking group.

Miguel, quien pidió no revelar su apellido por temor a represalias, mostró durante una videollamada su propiedad de más de 300 acres, con aproximadamente 37 cabezas de ganado, además de cerdos, patos y gansos. También enseñó restos de estructuras utilizadas para producción de queso —incluyendo utensilios e insumos aún visibles entre el lodo— y herramientas agrícolas destruidas tras el bombardeo.

Según documentos revisados por periodistas de USA TODAY, registró la propiedad en 2022 y forma parte de la Asociación de Agricultores “Recinto San Martín”, reconocida oficialmente desde 2010 mediante un acuerdo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de acuerdo con la Alianza de Derechos Humanos. Para él, la contradicción es directa: no logra explicar cómo una finca en funcionamiento fue identificada, según autoridades, como un objetivo criminal.

La respuesta de la comunidad ha ido más allá de la denuncia. Según información recopilada por USA TODAY, residentes organizaron el encuentro “San Martín resiste, la frontera resiste: festival por la vida y la paz”, previsto para el 27 y 28 de marzo, tras lo que describen como graves violaciones a los derechos humanos en un contexto de silencio estatal.

El evento incluye actividades culturales, mapeo comunitario y jornadas colectivas —una “minga por la vida”— como forma de reconstrucción social y memoria. En su convocatoria, el mensaje es claro: “somos población civil, somos comunidad, somos vida”.

Cuatro trabajadores detenidos durante la operación denunciaron, según una queja presentada ante autoridades ecuatorianas, que fueron golpeados, electrocutados y amenazados por militares. De acuerdo con ese documento, los hechos ocurrieron tras su detención el 3 de marzo y su liberación al día siguiente.

Tras estos señalamientos, la fiscalía de Ecuador y la Defensoría del Pueblo abrieron investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos, incluyendo denuncias de tortura. No está claro aún el alcance de estas investigaciones ni cuándo podrían presentar conclusiones.

Segun el propio gobierno Ecuador se ha convertido en una ruta clave del narcotráfico hacia Estados Unidos, en parte por su ubicación entre Colombia y Perú.

Esa presión ha intensificado operaciones militares en zonas fronterizas, donde comunidades rurales pueden quedar en medio de acciones de seguridad.

Por ahora, el caso de San Martín sigue abierto. Las investigaciones en curso podrían determinar si hubo errores en la inteligencia o abusos durante la operación.

Para residentes y organizaciones, el siguiente paso es documentar evidencia, seguir los procesos legales y exigir claridad sobre cómo se toman estas decisiones militares.

Contribución: Eduardo Cuevas, USA TODAY

Boris Q’va es reportero nacional de noticias en tendencia en español para Connect/USA TODAY Network. Puedes seguirlo en X como @ByBorisQva o escribirle al correo [email protected].

This article originally appeared on USA TODAY: ¿Qué pasó en Ecuador? Finca destruida contradice versión oficial